RADICALISMO Y EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

Fortalecer la presencia del Estado en el ámbito de la educación asignándole atribuciones que le permitan ejercer un fuerte rol en la regulación de la oferta, atender una rigurosa evaluación de ésta en todos sus niveles, así como disponer de los recursos necesarios para su entrega desde el punto de vista de plena equidad. Esta voluntad implica:

a. Procurar la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para que sea posible:
a.1. Instituir un Sistema Nacional de Educación orgánicamente estructurado que integre todos los niveles educativos y privilegie la consecución de objetivos consensuados nacionalmente en procura de una educación de calidad, democrática y socialmente orientada.

a.2. Incorporar al Consejo Superior de Educación a representantes del Magisterio Nacional y Decanos de las Facultades de Educación del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas.

b. Establecer una Superintendencia de Educación Superior, con el carácter de organismo autónomo del Estado, encargada de ejercer la función reguladora de todas las entidades de este nivel, de asignar los recursos para el desarrollo de sus funciones y de velar por el apropiado uso de éstos. Esta Superintendencia deberá prestar especial atención al desarrollo de la investigación científica para dotar al país de la masa crítica que precisa su desarrollo.

c. Instituir la responsabilidad pública y la auto-evaluación institucional como requerimientos esenciales para el logro de una eficiente gestión curricular, administrativa y financiera de todos centros educativos reconocidos por el Estado.

d. Incrementar progresivamente durante el próximo gobierno la proporción del producto interno bruto destinado a la educación por parte del Estado, hasta alcanzar el 7% de éste, con el objeto de proveer los recursos necesarios para la operación de los diversos programas que deberán implementarse.

En cuanto a la operación del sistema educacional se estima necesario:

1. Revisar técnicamente los efectos de la municipalización vigente con el fin de incorporar, cuando así sea preciso, los cambios requeridos para superar los efectos negativos de este esquema, que obedecen a múltiples factores. De allí que se postule evaluarla mediante el trabajo mancomunado de los Municipios y de los gobiernos locales para que sean ambos quienes propongan las reformas requeridas que pueden conducir a esquemas diferenciados en mérito a las realidades que se detecten. La deseable descentralización no necesariamente requiere un esquema operacional único.

2. Otorgar un fuerte impulso al perfeccionamiento y a la formación inicial de los profesores toda vez que la educación de calidad se logra en el aula y es producto directo de la acción docente. Estas acciones deberán reforzarse con una consensuada evaluación del desempeño y la revalidación del título profesional, acompañadas de una política de incentivos que las torne atractivas a la vez que motivadoras.

3. Integrar efectivamente al magisterio nacional en las tareas vinculadas al mejoramiento de la educación y de docencia. La real consideración de las vivencias experimentadas en el ámbito de trabajo diario de los directos actores del proceso educativo enriquecerá las perspectivas de los planificadores y de quienes deciden las políticas educativas. En tal sentido, la participación de representantes de los diversos sectores involucrados en las reformas hoy en etapa de análisis –Educación Pre-escolar, Jornada Escolar Completa, Duración de las Carreras, Revisión del financiamiento, entre otras— constituiría una positiva demostración de la voluntad de innovar en la formulación e implementación de políticas.

4. Revisar la pertinencia de los contenidos programáticos y de los enfoques metodológicos aplicados en el sistema escolar, en función de su contribución al desarrollo de una sociedad democrática, plural, socialmente justa y capaz de ofrecer a sus integrantes un rol activo en el mundo contemporáneo.
5. Crear un Plan Nacional de Formación Técnica que fije sus políticas nacionales y norme su funcionamiento a través de un Consejo integrado por representantes de los niveles del Ministerio de Educación que la atienden, del Ministerio del Trabajo a través del SENCE, del Ministerio de Economía y de los representantes del sector empleador. Este Consejo deberá proponer la creación de un Centro Nacional de Formación Técnica, de administración independiente, financiado por Estado y orientado preferentemente a la preparación de personal técnico en áreas requeridas por el desarrollo tecnológico del país.